Sentado frente al volante de mi Toyota en medio de un atolladero absoluto, trato de calcular la pérdida económica resultante del caos en el tránsito de Lima. Es mediodía del miércoles y necesito llegar a un estacionamiento cercano a la avenida Abancay, pues tengo que revisar un par de libros en la Biblioteca Nacional.Me acompaña Daniela, mi hija. Ella tiene dos días libres porque las clases se suspendieron en su colegio. Justo en frente de la puerta principal del SS. CC. Belén está la embajada de Nicaragua. Allí se asiló Alberto Pizango después de la revuelta de Bagua. Por seguridad, la directora prefirió dar asueto a los estudiantes.
Estamos en el jirón Cusco, cerca a la tienda Metro de Lampa. Echo un vistazo a mi alrededor y veo por lo menos ciento cincuenta autos tratando de avanzar hacia el norte. Esperamos alineados en cuatro carriles, sin saber que en la esquina de Carabaya todos tendremos que pasar por el cuello de un embudo. Los cuatro carriles se convierten en uno: el municipio ha cerrado parte de la vía.
Desde hace año y medio, aproximadamente, la ciudad vive en el caos, debido a las obras del Metropolitano. Es cierto que nadie está en contra del progreso y que sería una locura protestar contra la ejecución de obras públicas. Es cierto también que no hay mejora a costo cero y que si el precio para el ciudadano común es tener que soportar viajes urbanos con esperas agotadoras, habrá que pagarlo de alguna manera.
Lo que no convence es el hecho de que los plazos de ejecución son letra muerta para nuestras autoridades. Los trabajos de la Vía Expresa, por ejemplo, se anunciaron con bombos y platillos, con el compromiso de devolver a la ciudad esa importante arteria en un plazo de 300 días. El asfaltado se hizo más o menos en el tiempo previsto, pero los carriles nuevos siguen cerrados al paso de unidades de transporte.
Se colocó cemento y fierro, pero hasta hoy nadie puede beneficiarse de esa inversión, hecha con el dinero de todos nosotros. Algo parecido ocurre en Garcilaso de la Vega, en Roosevelt, en la Túpac Amaru. Hoy mismo, el municipio inició la segunda etapa de la construcción de un by-pass en el cruce de Wilson con la avenida España. Nos han dicho que los trabajos tomarán 45 días y esperamos que la oferta se cumpla. Del desorden creado en Alfonso Ugarte --donde se encuentra el local del diario donde trabajo-- prefiero no decir nada. Sería una versión de parte.
A ojo de buen cubero, si en cada auto de los 150 que vi solo en el atolladero de Cusco con Carabaya hubiera cuatro personas, estaríamos hablando de 600 sufridos ciudadanos atrapados en la trampa del desinterés de nuestro municipio. Si cada uno perdió un cuarto de hora en el embudo de marras, entonces la pérdida global es de 150 horas/hombre.
Si cada hora de trabajo cuesta 5 dólares --precio de migrante latino en EE UU--, en ese ratito se perdieron 750 dólares. A eso habría que sumarle el consumo improductivo de combustible, porque nadie apaga el motor de su auto mientas espera que algún policía se apiede de los usuarios y aligere el paso de los carros. La suma de los factores y su multiplicación por el número de atracos en la ciudad a lo largo del día puede dar cantidades sorprendentes.
Y es que evaluar los "super-atracos" de Panamericana Norte, Puente del Ejército, Plaza Bolognesi o Abancay y Colmena es ya hablar en palabras mayores. En esas rutas troncales, en cada ómnibus viajan entre cincuenta y setenta personas. Además, en el costo habría que incluir también el deterioro de la salud mental: en un nudo de 30 minutos, la gente acumula estrés y bilis en grandes proporciones, y cualquiera termina convertido en un "ciudadano-bomba" listo para estallar ante el más mínimo estímulo negativo.
La gente del CIES calculó hace algún tiempo el costo de la contaminación ambiental en la capital. Sería oportuno que calculara ahora el precio de los atolladeros, para saber cuánto les deben el alcalde y sus funcionarios a los ciudadanos a los que pedirán apoyo en las próximas elecciones. Por lo pronto, Daniela no votará por ellos.
